La fórmula que ideó el Gobierno pasaba por que cada año (durante los próximos 30) las tres entidades financieras recibieran 80 millones de euros, que deben pagar los consumidores de gas a través de su factura. Pero esa vía se sustentaba en el real decreto ley de 2014 que aprobó el Gobierno y que permitió a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7% por ACS– cobrar la indemnización de 1.350 millones a cambio de entregar un almacén de gas que le había encargado acometer el Estado pero que nunca …


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